Escenarios del Ciber TOM: Los actores (III) EE.UU.
Por Orestes Martí
Hemos hablado de dos de los actores principales en el nuevo “escenario” del Ciber Teatro de Operaciones militares que se vieron las caras en el recién finalizado Foro del G20: China y Rusia; hoy lo haremos de los Estados Unidos de América, pero ….. lo haremos con un enfoque cuyo título, lo dice (casi) todo: “Amenazas, garrote y chantajes: así impone EE.UU. sus leyes al mundo” con la firma de la boliviana María Luisa Ramos Urzagaste -ex viceministra de Relaciones Económicas (2006–2007), ex embajadora en Rusia (2009–2015), ex embajadora en España (2016–2017) y ex vicecanciller (2017)- publicado en el sitio oficial de Sputnik.
El Gobierno de EEUU presionará al FMI, al Banco Mundial y a otros bancos para impedir que algunos países accedan a créditos si no cumplen con la normativa estadounidense sobre Protección de Víctimas de Trata de Personas. Asimismo, restringirá la cooperación en programas educativos y culturales
Desdeñando los mecanismos ya existentes de la ONU, cada año en el mes de junio el Gobierno de EEUU emite un informe sobre Tráfico de Personas en el mundo (TIP, por sus siglas en inglés).
A decir del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, el informe es una herramienta invaluable para dotarse de información muy actualizada y “guiar la acción en el país y en el extranjero”. De este modo, usando su poder económico, institucional y financiero, EEUU extraterritorializa sus leyes.
No está en discusión el hecho de que hay que luchar contra la esclavitud moderna en sus diferentes formas, pues es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos a que hace frente el mundo en la actualidad.
Pero el problema surge cuando el ‘gendarme del mundo’ asume el rol de ‘justiciero’ y decide unilateralmente la forma y los medios de cómo resolver el problema.
La ley estadounidense de protección de víctimas de la trata, TVPA por su sigla en inglés, requiere que su Gobierno elabore un informe anual donde evalúa a cada país. El resultado final es una clasificación en cuatro niveles. De acuerdo al grupo donde haya sido catalogado el país puede ser sujeto de castigos.
La TVPA define que el presidente de EEUU puede instruir a su representante ante cada banco multilateral de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que vote en contra y que hagan el mayor esfuerzo para negar cualquier préstamo u otro uso de los fondos de las instituciones por parte del país que EEUU haya clasificado en el nivel 3.
La TVPA otorga al mandatario de EEUU la potestad de no suministrar asistencia en ciertas áreas y puede decidir retener fondos para la participación de funcionarios gubernamentales o empleados en programas de intercambio educativo y cultural, si el país ha sido segregado al grupo 3.
El grupo 2, que está dividido en dos partes, es sujeto de amenazas y vigilancia.
Llueve sobre mojado: cambios en la normativa
Un cambio realizado en 2017 a la normativa estadounidense agrega un elemento altamente subjetivo en su evaluación unilateral.
La nueva clasificación no se basa en la magnitud del problema en el país en cuestión, sino en “los esfuerzos de cada Gobierno por cumplir con los estándares mínimos del TVPA”.
Esto implica que no importa el número de víctimas en el país, sino cuán obediente a EEUU sea el Gobierno acusado de no luchar contra la trata de personas.
Cuando la calificación de un país baja al nivel 2, el Gobierno de EEUU le entregará al ministro de Asuntos Exteriores del país una copia del informe, incluidos los motivos del cambio, y le explicará las implicaciones de la designación de nivel 2 y de cualquier rebaja posterior.
La injerencia norteamericana contradice la ONU
La Carta de la ONU establece que, en sus relaciones internacionales, los países se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
Un elemento central del principio de no injerencia es el hecho que hay asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cada Estado. Pero el vecino del norte ignora y pisotea estos principios.
La Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, más conocido como el Protocolo de Palermo, no establece clasificación alguna.
Los países se obligan a informar a la OIT de sus acciones sobre mejoras de las condiciones de trabajo en el país, y se puede presentar reclamos, pero no es la OIT la que ‘castiga’, sino que hay mecanismos como la corte internacional de justicia donde se dilucidan los asuntos.
Esclavitud moderna
La esclavitud moderna se centra en dos cuestiones principales: el trabajo forzado y el matrimonio forzado. La mayor prevalencia de esclavitud moderna se da en África.
Según la OIT, más de 40 millones son víctimas de la esclavitud moderna. 25 millones de hombres, mujeres y niños son forzados a trabajar bajo amenaza o coerción como trabajadores domésticos, en sitios de construcción, en fábricas clandestinas, en granjas, pesca y en la industria del sexo.
Casi 15 millones de mujeres fueron obligadas a casarse y, peor aún, son obligadas a trabajar bajo el disfraz de “matrimonio”. El 72% de las víctimas detectadas de sufrir Trata de Personas en 2018 son del género femenino, de las cuales el 49% son mujeres adultas y el 23% son niñas.
La trata con fines de matrimonio forzado se detecta con mayor frecuencia en el sudeste asiático, mientras que la trata de niños para adopción ilegal se registra en países de América Central y América del Sur.
¿Cuáles son las causas de la esclavitud moderna?
En condiciones socioeconómicas precarias o situaciones de persecución, las personas que huyen de un conflicto pueden ser engañadas más fácilmente, aceptando ofertas de trabajo fraudulentas en países vecinos o propuestas de matrimonio tramposas.
Otro factor es el desplazamiento forzado ocasionado por el cambio climático, que está creando refugiados climáticos. Las inundaciones, las sequías, la expansión de zonas desérticas, la falta de agua ocasiona que millones de familias pierdan sus escasos medios de vida.
Los conflictos armados acrecientan la vulnerabilidad al tráfico de personas. Las áreas con un estado de derecho débil y la falta de recursos para responder a la delincuencia proporcionan a los traficantes un terreno fértil para llevar a cabo sus operaciones.
En otras palabras, el sistema de producción imperante exacerba la vulnerabilidad de millones en el mundo.
La clasificación, según EEUU
La lista de los países paladines en la lucha contra el tráfico de personas en criterio del Gobierno de EEUU la encabezan el propio EEUU, seguidos de Israel, Argentina, Colombia, Chile, España, Filipinas y otros países europeos.
El grupo 2, “que hace esfuerzos significativos” pero que aún deben esforzarse, lo conforman Guatemala, Haití, Honduras, Brasil, México, Marruecos, Nigeria, Ecuador, Alemania, Perú, El Salvador, Ucrania, etc.
La lista especial, ‘en observación del grupo 2’, la encabezan Bolivia, Irak, Republica Centroafricana, Nicaragua, etc. Cabe recordar que a estos países se les entregaron unas recomendaciones sobre ‘lo que deben hacer para mejorar’.
El grupo 3 lo conforman Rusia, China, Cuba, Venezuela, República Democrática del Congo y Corea del Norte
El caso de Cuba: la labor humanitaria acusada de trabajo forzado
Según la Administración Trump, “el Gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no hizo esfuerzos significativos; por lo tanto, Cuba fue degradada al nivel 3”.
Pero el aspecto más escandaloso es que EEUU acusa a las brigadas médicas de solidaridad internacional, de ser parte de un esquema de ‘trabajo forzado’.
Como ha dicho Veronika Krashenínnikova, miembro de la Cámara Pública de Rusia, EEUU distorsiona el sentido humano, altruista e internacionalista de la ayuda médica que Cuba brinda a decenas de países, al presentar esa acción solidaria como un caso de trata de personas.
Lo cierto es que el Consejo de Derechos Humanos reconoce que la solidaridad internacional es un instrumento poderoso para abordar las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y otros desafíos de ámbito mundial. Pero es claro que EEUU no lo ve así.
Las brigadas médicas cubanas en Honduras, Guatemala y Haití, además de no tener costo para el paciente, están presentes en los lugares más remotos. En Bolivia llevan ya 13 años asistiendo a los más necesitados y la Operación Milagro ha devuelto la vista a más de 700.000 personas
Cuando EEUU acusa a Cuba de someter a “trabajo forzado” a las misiones médicas, lo que está haciendo es intentar reconceptualizar y alterar el significado de la solidaridad y la cooperación.
Con esta arremetida, se suma un espacio más de batalla por los valores morales, que el Gobierno norteamericano pretende arrebatar, no solo de Cuba, sino al mundo. Intenta imponer sus valores individualistas frente a la solidaridad y desviar la atención de sus acciones belicosas y expoliadoras.
¿Será acaso EEUU el llamado a darnos lecciones de justicia y contra la explotación?
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