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4 min readFeb 7, 2024

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el 9 de octubre de 2023, Manuel Cortina / SOPA Images / Gettyimages.ru

Pueblos. el escenario colombiano
Por Orestes Martí y Fernando Alemán

Un destacado activista social y comunicador popular (1) nos hace llegar un comentario sobre el actual escenario socio político en la República de Colombia. A grandes rasgos lo describe de la manera siguiente: “la ultraderecha colombiana e internacional, trabajan para deslegitimar al Gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de claudicar frente al narcotráfico FARC, acusando a dichas fuerzas de vínculos con el narcotráfico, porque Petro intenta negociar la paz con esta organización armada. Omiten que los gobiernos de derecha anteriores también negociaron acuerdos de paz. con las organizaciones guerrilleras,
“A la ultraderecha se unen algunos empresarios que culpan al gobierno de Petro de las subidas del precio del dólar y la baja en el precio del petróleo.
“El general Eduardo Zapateiro desafía constantemente la institucionalidad y llama a un golpe de estado.
“La oposición trabaja de forma conjunta para crear en el imaginario popular una visión apocalíptica del país, según ellos, ocasionada por un gobierno de izquierda que desea cambiar las injusticias de 200 años, causadas precisamente por años de gobiernos de derecha en Colombia.
“Con el pretexto de defender la democracia liberal, arremeten contra las opciones progresistas, acusándolas de comunistas, terroristas y narcotraficantes.
“La utilización del poder mediático, en manos de la derecha y el empresariado, contribuye a la desinformación, creando mentiras y rumores, desligitimando a los líderes de izquierda, negando la legitimidad de los resultados electorales, inventando y magnificando supuestos escándalos, para hacerle creer a la población que el gobierno es corrupto.
“Es necesario denunciar que sectores judiciales reaccionarios e importantes sectores del empresariado acomodado, hacen uso del poder mediático, para generar desinformación; crean mentiras y rumores; deslegitiman a los líderes de izquierda; instauran un aparente estado de inquietud permanente; niegan la legitimidad de los resultados electorales obtenidos en forma transparente; magnifican supuestos “escándalos” y hechos sin trascendencia, para hacerle creer a la población que el régimen es corrupto. De esta manera van filtrando en el imaginario colectivo la idea de gobiernos ilegítimos y socavan la democracia, como ya han hecho en países como Perú, Bolivia, Brasil, Argentina…
“Las políticas de impunidad generadas por los últimos fiscales generales, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, se acabarán en enero próximo, porque al presidente Petro le corresponde elegir a la cúpula de la fiscalía, según la constitución y tal como han hecho los presidentes de derechas, desde 1992. Esto enardece al juez Francisco Barbosa que será sustituido porque “es juez y parte” ya que es el representante de la oposición al gobierno de Petro, candidato presidencial colombiana, quien ha permitido violaciones masivas a los derechos humanos y no ha actuado, nunca, ante los delitos y crímenes cometidos por sectores de la élite política y empresarial de su país ha creado una situación tan delicada para Colombia. Ejemplo de que contribuye a la impunidad son los crímenes internacionales cometidos por Álvaro Uribe, en las masacres del Aro y La Granja, y el favorecimiento que Uribe hizo al paramilitarismo cuando fue gobernador de Antioquia, fenómeno que impulsó luego cuando fue presidente de la República. La Fiscalía ha frenado la investigación ante violaciones tan graves y masivas a los derechos humanos en Colombia. Y esto sucede porque los grupos de poder que Francisco Barbosa representa, están involucrados en estos crímenes.
“Lo que sí hace el juez Barbosa es perseguir a los líderes progresistas; satanizar a los defensores de la paz, para convertirlos en supuestos cómplices de los carteles de la droga; ocultar los crímenes de guerra de la derecha y, lo más delicado, incumple las órdenes dadas por el Presidente Gustavo Petro –basadas en la Constitución– sobre la suspensión de órdenes de captura a integrantes de grupos organizados que quieren ingresar al proceso de paz, convirtiéndose así en enemigo del proceso que busca la paz en Colombia.
“Así mismo es necesario denunciar los intentos de desestabilización de la democracia en Colombia y apoyar al Gobierno de Gustavo Petro en los intentos por las reformas sociales que pretende para mejorar la vida de los colombianos, la búsqueda de la paz y la lucha contra la impunidad”

NOTAS

(1) Manuel Rodríguez Hernández
Miembro de la Asociación de Comunicadores Populares de Canarias (ACPC) y de la Federación Internacional de Comunicadores Populares (FICP)

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